El ejecutivo petrolero Ludwing Sánchez, principal denunciante del denominado caso Botrading, afirmó este lunes que viene recibiendo constantes amenazas y hostigamientos desde que hizo pública la denuncia de un presunto sobreprecio de aproximadamente 300 millones de dólares en la adquisición de combustible para el país.

Según Sánchez, en este presunto negociado estarían involucrados funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y altas autoridades del Gobierno nacional. A pesar de las intimidaciones, ratificó que continuará impulsando las acciones legales correspondientes.

El denunciante solicitó al Ministerio Público activar arraigos y otras medidas cautelares contra los funcionarios presuntamente implicados, para evitar que salgan del país mientras avanzan las investigaciones.

“Voy a seguir adelante con esta denuncia, no me van a callar. Lo que se ha hecho es un grave perjuicio al pueblo boliviano y debe sancionarse como corresponde”, declaró.

El caso Botrading continúa generando repercusiones en distintos sectores sociales, que demandan de la justicia actuar con independencia, celeridad y transparencia para esclarecer si existió o no un negociado en la compra de combustibles.