Defensor del Pueblo y sociedad civil entregan al gobierno propuesta de reglamento de la Ley 1680 en favor de hijas e hijos huérfanos víctimas de feminicidio
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, junto a organizaciones de la sociedad civil, realizó la entrega oficial de la propuesta de Reglamento de la Ley N° 1680, “Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida”, al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Este acto consolida más de seis años de trabajo técnico, articulación interinstitucional e incidencia normativa en defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
La Ley N° 1680, promulgada en noviembre de 2025, marcó un hito en la política pública boliviana al establecer un marco específico de protección y reparación para esta población en situación de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo asumió un rol articulador, convocando a mesas técnicas en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en niñez y adolescencia, con el objetivo de construir una propuesta reglamentaria coherente con la Constitución Política del Estado, la Ley N° 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y estándares internacionales.
La propuesta establece que la guarda y tutela prioricen a la familia ampliada o sustituta idónea, evitando la institucionalización como primera respuesta y disponiéndola únicamente como medida excepcional, subsidiaria y temporal. Asimismo, fortalece el rol de juezas y jueces en materia de niñez y adolescencia, quienes deberán revisar periódicamente las medidas de protección, garantizar el derecho a ser escuchado conforme al principio de autonomía progresiva y evitar la separación de hermanas y hermanos salvo riesgo grave debidamente fundamentado.
El Reglamento también define mecanismos concretos para la implementación del bono económico mensual y del paquete alimentario, asegurando que estos recursos se destinen exclusivamente a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación, vestimenta y desarrollo integral. Se prevé la creación de cuentas de ahorro conjuntas para proteger el patrimonio futuro de las niñas, niños y adolescentes, así como un módulo específico dentro del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA) que permita el registro, seguimiento individualizado y generación de información para el diseño de políticas públicas sostenibles.
El documento establece que el Estado debe asignar recursos suficientes, sostenibles y oportunos para garantizar la continuidad del bono y del paquete alimentario sin interrupciones, materializando el principio de prioridad absoluta consagrado en la Constitución Política del Estado.
Asimismo, se propone la conformación de Equipos Multidisciplinarios Departamentales, fijos y móviles, integrados por profesionales en psicología y trabajo social, con atribuciones de acompañamiento psicosocial, seguimiento domiciliario y elaboración de informes técnicos especializados.
La Defensoría del Pueblo reafirma que esta propuesta no constituye únicamente un instrumento técnico, sino una respuesta ética y jurídica frente a una de las consecuencias más graves del feminicidio: la situación de orfandad y vulnerabilidad en la que quedan niñas, niños y adolescentes, víctimas invisibles de esta violencia extrema.
Desde 2019, la institución defensorial impulsó un proceso sostenido de construcción normativa que incluyó la presentación del anteproyecto de ley a nivel nacional y, en el ámbito municipal, la elaboración de protocolos de atención especializada y del Modelo de Ley Municipal Autonómica de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Feminicidio. Como resultado, se logró la aprobación de 42 leyes municipales y 9 reglamentos en distintos gobiernos autónomos del país.
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